Cuando
hablamos de Ceuta, deberíamos hablar en primer lugar de las ciento cincuenta
personas ahogadas en el mar en ese intento desesperado por alcanzar la costa de
Ceuta. Sin duda, serán muchas más. Desgraciadamente. Poco se ha hablado de esta
tragedia. Muchas de esas personas no sabían nadar. ¿Quién las empujó? ¿Quién
les prometió el paraíso? Murieron. Punto final. Tenían un nombre, una historia,
una esperanza, una familia. Pero en la cabeza y en el corazón de quienes orquestaron
la invasión (¿O debemos hablar a estas alturas todavía de crisis migratoria?) eran
‘cosas’, eran trastos inservibles, vidas que no cuentan, números que sirven a “la
estrategia geopolítica”, como ahora dicen los analistas y los sesudos
entendidos. El mar ha devuelto a la playa sus cuerpos muertos. El mar ha
descompuesto sus cuerpos o se los ha tragado. Nadie reclama sus cuerpos. A
Marruecos poco le importan sus ciudadanos muertos. Tal vez sobre los familiares pesa una ley del silencio, antigua e ignominiosa. Pero en algún lugar del
más allá, tal vez hay dedos acusadores apuntando.
A otros
muchos, los salvaron de morir ahogados los miembros de la Guardia Civil y de la
Policía Nacional y de la Cruz Roja. Y también simples ciudadanos de a pie que
no daban crédito a esos gritos de auxilio, y que se sintieron interpelados por
la compasión.
Cuando
hablamos de Ceuta, deberíamos hablar de todos los menores que han sido
arrojados lejos de sus familias, de su tierra, de su lengua y de su infancia
simplemente como actores de relleno, extras en el rodaje, para hacer bulto,
para que la película programada por quienes manejan los hilos de esta operación
salga bien y quede bonita, y sirva ‘a la
causa’. Son bultos, nada más que bultos. Fueron echados al mar y a los caminos, como se arroja
un folio inservible a la papelera o una pelota rota a la basura. ¿Quién pensó en ellos? Por muy importante que sea, el primer derecho de un
menor no es el de ser acogido en otro país ni en otro territorio sino el derecho a
permanecer en su país, con sus padres, aunque sean humildes, aunque sean
analfabetos, en su entorno, en su idioma, sus juegos y su paisaje. Todo menor tiene derecho a crecer en el hogar que lo vio nacer, rodeado de sus hermanos y su
familia. Y si los recursos son pocos, para eso debería existir el Estado y la Comunidad Internacional y la Compasión Universal. Claro que son importantes las condiciones materiales donde se desarrolla la infancia, pero aún más importante es contar con el amor recibido
por los padres y la cercanía de la familia. Crecer en un hogar humilde, tal vez pobre, no es sinónimo de infancia infeliz o desgraciada. Muchos de mi generación procedemos de hogares bastante humildes. Y probablemente no cambiríamos nuestra infancia, ni nuestra familia, ni nuestro pueblo.
El crimen
más espantoso que puede cometer un Estado es vender a sus menores como
estrategia geopolítica, utilizar a sus menores como mercancía, privar a sus
menores de lo más sagrado: el derecho a una infancia dentro de la familia. ¿A
alguien le importa si los menores pasan hambre, pasan frío, sienten miedo en la
ciudad inhóspita, sin saber cuál será su destino o dónde están sus padres?
¿Quién les explicará que ellos simplemente fueron moneda de cambio en los
salones palaciegos o en los cuarteles donde se preparó esta avalancha?
No entro ni
salgo en lo de las devoluciones en caliente. Unos dicen que sí se puede; otros,
lo contrario. Pero la primera condición sería que Marruecos quisiera acoger a esos
menores, en muchos casos niños y niñas de menos de 13 años. E incluso más
pequeños. En mi modesta opinión, un país que utiliza, para sus ‘objetivos
políticos’ a menores de edad, sin ningún pudor y con manifiesta crueldad, debería
responder ante un tribunal internacional. No parece lógico que Marruecos se
esté gastando millones de euros para organizar el Mundial de Fútbol (incluido
un nuevo estadio) y se desentienda del pan y los libros de sus niños y niñas.
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